EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID PARALIZA CAUTELARMENTE LA PRIVATIZACIÓN SANITARIA EN MADRID


El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado en un auto paralizar el proceso de privatización de la gestión de seis hospitales emprendido por la Comunidad de Madrid.

La sección tercera de lo contencioso administrativo ha aceptado las medidas cautelares urgentes, lo que se traduce en la paralización inmediata de la adjudicación de los seis hospitales, certificada por el Consejo de gobierno regional hace seis días.

La suspensión es provisional, hasta que la semana que viene el TSJM tome la decisión de ratificarla o no, una vez la Consejería de Sanidad haya alegado lo que considere oportuno, confirman fuentes judiciales.

    • Los hospitales afectados son Infanta Leonor (Vallecas), Infanta Sofía (San Sebastián de los Reyes), Infanta Cristina (Parla), Hospital del Henares (Coslada), del Sureste (Arganda del Rey) y el del Tajo (Aranjuez). La Comunidad de Madrid pretendía que estén funcionando con el nuevo modelo para el mes de septiembre.
    • El auto del tribunal afirma que en el caso “aprecia que, efectivamente, concurren ‘circunstancias de especial urgencia’ en orden a resolver la medida cautelar”. Lo que justifica la adopción de esta medida cautelar es “el devenir de los acontecimientos, fundamentalmente la ya inmediata adjudicación de los contratos anunciada por el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid”, añade.
    • El TSJM considera que la modificación en la garantía que pide el Gobierno regional a las empresas “pudiera exceder del ámbito de rectificación de un simple error material, siendo evidente que la cuantía de la fianza contractual varía sustancialmente según sea del 5% del importe total de adjudicación del contrato (diez años de ejecución) o del importe anual (deduciblemente con referencia al primer año)”.
    • Este hecho, la reducción en hasta un 90% del aval, “podría haber limitado el principio de libre concurrencia competitiva al haber podido impedir licitaciones de empresas por el importe de la garantía definitiva según la convocatoria posteriormente rebajado por vía de ‘corrección de errores’, y afectaría a las penalidades contractuales de las que en su caso hubiera de responder la garantía definitiva, con las consecuencias y efectos para los intereses generales que se mencionan por la parte solicitante de la medida cautelar”, concluye el tribunal en los fundamentos de derecho del auto.


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