Pero ¿quién redacta los decretos leyes con los que el Gobierno dictamina, un día sí y al otro también, la marcha de la «cosa pública»? ¿Quién hace los estudios previos, calcula los costes y los beneficios? En muchos casos, parecen aprendices de brujos…y en todo caso, parece que reina un cierto caos en la gestión de la administración central por no hablar de la de Madrid.
El Real Decreto-ley 16/2012 introdujo el copago de las medicinas para los jubilados que por primera vez iban a tener que pagar el 10% – con topes de 8 o 60 euros en función de su renta – del precio de los farmácos. El 19 de septiembre 2013, una Resolución del Ministerio de Sanidad limitaba la dispensación de un centenar de fármacos por parte de las farmacias hospitalarias a pacientes no hospitalizados.
Ahora, tras el reciente dictámen del Consejo de Estado cuestionando las medidas de ahorro que suponen determinados copagos, el Ministerio de Sanidad acaba de decidir no aplicar el copago para el transporte no urgente en ambulancia, las prótesis y los dietoterápicos (productos que han de tomar pacientes con trastornos metabólicos complejos). Algunos ven en esta decisión una decisión electoralista; otros una mala gestión.
En todo caso, la presión ciudadana y la negativa a aplicar muchos de estos copagos o repagos, mejor dicho, han contribuido, sin duda, a que se de marcha atrás, al menos en tres conceptos.
Es un principio.
¡¡JUNTOS PODEMOS!!
Sí podemos. No cejemos.
¡¡LA SANIDAD NO SE VENDE, SE DEFIENDE!!