La Fundación Jiménez Díaz cobró a un paciente por atenderle en urgencias
La Fundación Jiménez Díaz , centro de la red pública gestionado por IDC Salud (antes Capio), exigió una fianza para atender en «Urgencias» a Óscar Benítez, un inmigrante en situación irregular.
- La atención de «Urgencias» es una de las excepciones del Real Decreto-ley 16/2012, que excluyó de la sanidad pública a inmigrantes sin papeles.
«¡Esto se te va a cobrar!». Con esta frase, dicha a los gritos, respondieron en el mostrador de urgencias de la Fundación Jiménez Díaz a Óscar Benítez, un inmigrante paraguayo sin permiso de residencia, que acudió con un fuerte dolor en la vesícula.
- Benítez se enfrentaba por segunda vez a la misma respuesta en este hospital de la red pública. La primera, desinformado, pagó lo que pidieron: 390 euros para que le viese un médico.
- Una exigencia ilegal, puesto que la atención de urgencias está cubierta por la Seguridad Social, incluso para aquellos que se han quedado sin tarjeta sanitaria. El hospital achaca la situación a un simple «error administrativo».
- La negación de asistencia sanitaria a un paciente en urgencias supone otra irregularidad. El Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril, que dejó fuera de la asistencia gratuita a inmigrantes en situación irregular en algunos supuestos, contempla tres «situaciones especiales» en las que se debe prestar atención.
- Una de ellas es la atención en urgencias, al igual que a las mujeres embarazadas y los menores. Estas excepciones son a nivel estatal, además de las que añada cada Comunidad Autónoma en su regulación.
«Me dijeron que el médico de guardia cobraba 200 euros y que el resto de fianza me la devolvían. El doctor, que también me trató con malas maneras, sólo me dijo que debía ser un cólico». Ahora, después de varias pruebas, espera un diagnóstico para el martes. «Me han dicho que puede ser algún problema en la vesícula, o en el hígado o piedras, que no están seguros aún», cuenta.
Un amigo le habló de Yo Sí, Sanidad Universal y, gracias a un acompañante del grupo de la plataforma en Lavapiés, su situación dio un vuelco. Pablo Meseguer forma parte de este colectivo desde que el real decreto se puso en marcha y ya lleva muchos ‘no’ a sus espaldas en centros de salud y hospitales. Pero gracias a una normativa aprendida casi al dedillo, intenta junto a otros compañeros que se respeten los derechos de los inmigrantes.
«Hay un bulo general muy difundido de que ‘los sin papeles no tienen derecho a sanidad’, cuando eso no es cierto en todos los casos», precisa Meseguer. «Óscar nos contó lo sucedido y, cuando le acompañé en una segunda urgencia, una noche pocos días después, nos encontramos con la misma petición: 390 euros», cuenta.
Factura de la Fundación Jiménez Díaz de la atención en urgencias a un inmigrante
«Una confusión» según la Fundación Jiménez Díaz
«Tuvimos una buena bronca porque nos decían en el mostrador que tenía que pagar para que le atendiesen. Me pareció alucinante. En otros hospitales también intentan que los inmigrantes firmen compromisos de pago, pero cuando les contamos las excepciones del decreto al final admiten que les tienen que atender de forma gratuita», explica Meseguer. Esta vez no fue así.
- Pablo aconsejó a Óscar ir al Hospital Clínico San Carlos, pero antes puso una reclamación en la que denunciaba lo sucedido. «En el Clínico le admitieron y le dieron de alta en el sistema sanitario como transeúnte sin permiso de residencia».
- El TIR es la modalidad de expediente que Yo Sí, Sanidad Universal aconseja pedir en centros de salud y hospitales porque tiene una duración de un año y permite derivaciones, pruebas e intervenciones (aunque no la prescripción de medicamentos).
- Desde entonces, Óscar ha estado ingresado cinco días en el hospital, ha ido a revisiones y le han hecho pruebas. «Ahora me tratan bien, como a cualquier otro», apunta.
- «Cuando ya estaba dado de alta en el sistema, volvimos a la Fundación Jiménez Díaz para exigir que le devolviesen el pago de los 200 euros que abonó Óscar», añade Meseguer. Y lo consiguieron. La respuesta oficial de IDC Salud a eldiario.es es que «se confundió a este inmigrante con un paciente de la parte privada del hospital». El centro tiene una parte del edificio dedicada a sanidad privada, pero la zona de urgencias es común con la pública.
El concierto singular entre la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz
La Fundación Jiménez Díaz es un hospital de la empresa IDC Salud (antes Capio), que presta servicio a una población aproximada de 435.000 usuarios de la sanidad pública.
- En 2006 la Comunidad de Madrid y la Fundación Jiménez Díaz firmaron un concierto singular (marco) con una duración de 30 años.
- Según el documento la compensación económica por la atención de pacientes por parte de la Consejería de Sanidad a IDC Salud, es un centro como el resto de hospitales de la Red de Utilización Pública. Por la actividad de asistencia especializada la empresa ingresó de la Comunidad de Madrid 285 y 290 millones de euros en 2011 y 2012.
El Real Decreto-ley 16/2012 se ha traducido en un descontrol administrativo que genera casos como los de este inmigrante en Madrid en otros sistemas sanitarios autonómicos. En agosto de 2013, la empresa Marina Salud –gestora privada de la sanidad pública en la zona de La Marina Alta–, exigió 132 euros a una inmigrante uruguaya al considerar que, aunque se presentó en el servicio de urgencias, su dolencia no era grave.
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