La Marea Blanca sale de nuevo a la calle el próximo domingo, 21 de septiembre, a las 12:00 horas desde la plaza de Atocha, con parada en el Ministerio de Sanidad, hasta la Puerta del Sol.
En este mes de Septiembre se cumple el segundo aniversario del Real Decreto-Ley 16/2012, un real decreto que ha dejado sin cobertura sanitaria ordinaria de un plumazo a cerca de 900.000 personas en nuestro país, ha producido 3 muertes, está provocando la falta de control y tratamiento de las enfermedades infectocontagiosas y que muchas personas no puedan tener seguimiento de enfermedades crónicas, impidiéndoles la posibilidad de evitar complicaciones graves.
- Si bien los efectos devastadores de las medidas llevadas a cabo para acabar con la Sanidad Pública afectan a toda la ciudadanía, queremos destacar el plus de vulnerabilidad que sufren los más de 700.000 inmigrantes (200.000 de ellos residentes en Madrid), que han sido expulsados del sistema sanitario a pesar
de las advertencias que el Gobierno de España recibió de la Comisión Europea, las Naciones Unidas y de la Organización Mundial de la Salud acerca de la ilegalidad de estas expulsiones.
- En enero de 2014, el Comité de Derechos Económicos y Sociales del Consejo de Europa destacó que el Real Decreto-Ley 16/2012 impide a los extranjeros en situación irregular acceder a la asistencia sanitaria y al Sistema Nacional de Salud (salvo mujeres embarazadas, menores de edad y casos de urgencia) en igualdad de condiciones con las demás personas bajo la jurisdicción del Estado, constituye una disconformidad con el artículo 11 de la Carta Social Europea.
- Además, dicho Comité no considera que el argumento de la crisis económica deba ser utilizado para recortar derechos de protección reconocidos por la Carta, teniendo los Gobiernos la obligación de garantizarlos en un momento en el que los beneficiarios pudieran necesitarlos más.
- A esta advertencia se suman las denuncias de seis relatores de las Naciones Unidas, así como distintas organizaciones que añadían el incumplimiento de los principios de la Convención Europea de Derechos Humanos.
Pero parece que el Gobierno de España y la Ministra de Sanidad, Ana Mato, hacen oídos sordos a todas las advertencias y consecuencias que tiene decretar la desigualdad de un derecho fundamental.
HAY MUCHO POR RECUPERAR
No podemos olvidar:
- El cierre del Instituto Cardiológico.
- La transformación del Hospital Carlos III.
- Los Centros de Salud Mental.
- Que quieren mercantilizar los Centros de Atención Primaría.
- La privatización de la Donación de la Sangre que pasa a manos de la Cruz Roja.
- La Lavandería Hospitalaria Central adjudicada a la ONCE.
- La Limpieza Hospitalaria.
- Las otras 24 categorías de trabajadores no sanitarios que también quieren privatizar, por todo ello se esta perdiendo la CALIDAD de nuestra SANIDAD PÚBLICA.
En la Comunidad de Madrid se han privatizado en su totalidad y se mantienen abiertos:
- Los hospitales Rey Juan Carlos de Móstoles, el de Torrejón y el de Valdemoro.
A pesar de que el Hospital de Collado Villalba permanece cerrado. se sigue abonando 900.000 euros mensuales a la empresa adjudicataria IDC Salud (antes Capio).
Además, se han privatizado y cerrado laboratorios públicos.
Complementado con las derivaciones de pacientes y pruebas diagnósticas a clínicas privadas y la pretendida puesta en marcha de las Unidades de Gestión Clínica.
A todo lo expuesto anteriormente se añade la denegación de medicamentos eficaces contra la hepatitis C, poniendo en riesgo la vida de muchos pacientes que no tienen otra terapia alternativa para su curación.
Los recortes del gobierno en sanidad y la salvaje privatización son las causas de este despropósito, y vamos a exigir responsabilidades a los culpables de esta situación, tendrán que pagar por todo el sufrimiento que están causando a enfermos y familiares.
¡¡LOS RECORTES EN SANIDAD MATAN!!
¡¡LA SANIDAD PÚBLICA NO SE VENDE, SE DEFIENDE!!