Manifiesto 29 ª MAREA BLANCA – La Salud Mental en el ojo de la Privatización

 

El Sistema Sanitario Público se deteriora cada vez más. Los continuos recortes realizados por el gobierno, alrededor de un 19% desde 2009, la ineficiencia, en muchas ocasiones interesada y la opacidad en la gestión, están disminuyendo la protección a los sectores de población más vulnerables, entre ellos quienes sufren trastornos de salud mental. Un claro ejemplo es la actual situación de las urgencias. La Consejería de Sanidad de la CAM, no quiere o no sabe resolver el colapso de las urgencias hospitalarias.
En nuestra Comunidad el deterioro progresivo de las prestaciones y servicios de salud mental es evidente. Se manipulan las listas de espera con elementos de gestión como las llamadas “consultas de alta resolución” que impiden establecer las condiciones para realizar tratamientos adecuados.

La atención comunitaria está desarticulada por lo que la prevención en Salud Mental y el trabajo con los servicios sociales, la escuela, la Justicia, etc., que es imprescindible para una atención eficaz y digna, no se realiza. Los usuarios de los servicios no son escuchados, porque el estigma del trastorno mental así lo provoca, las familias se ven sobrecargadas y sin salida.
Las condiciones económicas que sufren las familias están produciendo un incremento de trastornos de salud mental en Atención Primaria, un 40% en depresión mayor, distimia (*), trastornos de ansiedad y trastornos psicosomáticos. Los trastornos por abuso del alcohol se han multiplicado por 5 y la dependencia del alcohol por 3.
Se han incrementado las tasas de suicidio, según datos del INE de 2012 han aumentado un 11´3% en relación al año anterior, alcanzando la tasa más alta desde 2005.

Video de Carlmelchor

A esto se añade un aumento significativo del consumo de psicofármacos, porque disminuye progresivamente el tiempo necesario para las intervenciones psicoterapéuticas y comunitarias.
Tanto la normativa legal como la gestión de la Comunidad de Madrid ocultan los problemas y favorecen la privatización liquidando elementos básicos de un modelo de atención comunitaria en Salud Mental.
Los Decretos de Área Única y libre elección de 2010 y el Plan de Salud Mental 2010-2014, han liquidado la organización territorial y han integrado los dispositivos de Salud Mental en las gerencias hospitalarias con objetivos de gestión coste/beneficio exclusivamente siguiendo la ley de libre mercado.
El llamado “Plan de Sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid” establece, entre otras medidas, la privatización de hospitales, centros de salud y específicamente de centros de salud mental, de los que ya se han privatizado el de Torrejón, Moncloa, Arganzuela, Navalcarnero y Collado Villalba.
Se han incrementado los servicios concertados con empresas privadas para camas psiquiátricas de media y larga estancia mientras se cierran servicios públicos, se conciertan hospitales de día para la atención de casos graves de niños y adolescentes, y se entregan a manos privadas cuando podrían ser públicos.
La Salud Mental infanto-juvenil cuenta con pocos medios, lo que impide que los menores reciban intervenciones psicoterapéuticas adecuadas y aumenten los tratamientos con psicofármacos, en contra de todas las orientaciones de los organismos internacionales.

Todos los recursos de la Red de Atención Social para personas con trastorno mental grave, dependientes de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, programas y centros de rehabilitación psicosocial y laboral, imprescindibles para una adecuada recuperación de las personas con trastornos mentales más graves, son gestionados por Fundaciones o empresas privadas y han sufrido importantes recortes presupuestarios, condenando a la cronicidad a miles de madrileños.
El presupuesto de la Agencia Antidroga se ha reducido en un 20% durante esta legislatura. La Red de Atención a Drogodependientes de la Comunidad de Madrid es un claro ejemplo de los efectos de la privatización, donde se viene funcionando con este modelo desde hace años. En la actualidad, 15 recursos son gestionados por empresas privadas; empresas que han ganado un concurso en el que se otorgaba la máxima puntuación a la oferta más económica. De este modo, y siguiendo las leyes de la competencia y el libre mercado, con cada convocatoria se reduce personal y empeoran las condiciones de trabajo y de asistencia a los pacientes. Además de haber disminuido los dispositivos ambulatorios de la red (CAIDS de la Agencia Y CADS del Ayuntamiento de Madrid), han disminuido los criterios de exigencia de calidad de intervenciones y profesionales en los pliegos, por priorizar la mejor oferta económica. Así, los dispositivos residenciales (Pisos de Apoyo al Tratamiento, Pisos de Apoyo a la Reinserción y las Comunidades Terapéuticas, están al borde de la desaparición en línea con la destrucción del modelo comunitario. Además y buscando el mayor beneficio cambian las empresas que gestionan los pocos pisos protegidos y tutelados teniendo que trasladarse pacientes en tratamiento de un piso a otro, con semanas previas de incertidumbre sobre lo que va a pasar con ellos).

Estos contratos entre las empresas gestoras y la Administración, incluyen cláusulas en las que se condiciona el cobro de parte de la asignación económica, a la reducción en los tiempos de ingreso o al porcentaje de altas terapéuticas. Actuaciones como éstas priman el criterio económico frente al clínico, con el consiguiente perjuicio para los pacientes.
Cabe resaltar que el Gobierno Regional del Partido Popular, cerró en el año 2013 la única Comunidad Terapéutica gestionada al 100% con carácter público, la de Villaviciosa de Odón, trasladando forzosamente a los trabajadores a otros departamentos de la Agencia Antidroga y despidiendo al personal temporal.
El Plan de Sostenibilidad incluye importante reducción de los presupuestos de Salud Mental, disminución de los ya escasos profesionales en un 10% (principalmente psicólogos clínicos), amortización de las jubilaciones y un 30% de contratos eventuales de renovación incierta, lo que impide la continuidad de la relación terapéutica, dificulta intervenciones y tratamientos de Salud Mental que no sean biologicistas (o de medicación) y somete a los profesionales a una situación de vulnerabilidad laboral.
Todas estas medidas impiden la consolidación de los equipos asistenciales y desarticulan el modelo de atención comunitaria a la Salud Mental. La línea central de este modelo es el trabajo en red con dispositivos sanitarios, sociales, educativos y organizaciones de la comunidad, desarrollado por equipos interdisciplinarios, en función de las necesidades de la población en cada área de salud. Este modelo ha demostrado, sin lugar a dudas, su efectividad y eficiencia asistencial. Salvaguardando el derecho a la salud de los ciudadanos bajo los principios de universalidad, equidad, calidad y accesibilidad.

Todas las normativas de la Comunidad de Madrid se ajustan a una política sanitaria que convierte la atención a la salud en un negocio, en consonancia con el Decreto Ley 16/2012 que liquida el derecho universal a la salud y lo convierte en un sistema de aseguramiento, negando la atención a amplios sectores de la población, y con la Ley 15/97 que permite la privatización de los servicios del sistema público de salud.

POR TODAS ESTAS RAZONES EXIGIMOS:

*     La DEROGACIÓN de los Decretos 51 y 52/2010 relativos al Área Única y libre elección en la Comunidad de Madrid.

*     La RETIRADA del Plan de medidas de garantía de la sostenibilidad del sistema sanitario público de Madrid.

*     La DEROGACIÓN de la Ley 15/1997 que permite la privatización de los bienes y servicios del SNS.

*     La DEROGACIÓN del Real Decreto-Ley 16/2012 que liquida el principio de universalidad y cambia el modelo de asistencia sanitaria.

*     Un DEBATE en la Asamblea de Madrid sobre la calamitosa situación de la asistencia pública en Salud Mental.

• LA SANIDAD PUBLICA NO SE VENDE SE DEFIENDE

• LA SALUD MENTAL ESTÁ EN PELIGRO, HAY QUE DEFENDERLA