Tácito (55-115)
Obviamente, tenemos que afirmar que si; a los cientos de pruebas en otros ámbitos nos remitimos y ahora también en la Sanidad Pública de Madrid. Hace poco el escandalo del Hospital Fuenlabrada y el último el del Hospital Gregorio Marañón. Tanta desregulación y liberalización, y que los mercados se equilibren solos, no pueden ser la tónica de fondo de una política seria y comprometida con los verdaderos derechos democráticos y los derechos humanos; sencillamente, porque su objetivo es puramente material y cuanto más especulativo y acumulativo de riqueza dineraria mejor. Así no vamos bien, ni podremos construir un mundo justo y de progreso para la Humanidad. Seguimos en parámetros obsoletos del poder de las » armas» que ahora corresponden al poder de las finanzas.
¿ Para qué tenemos tantas leyes y decretos si luego no funciona nada? Eso nos preguntamos; según dijo el político e historiador romano Tácito (55-115): » Muchas son las leyes en un estado corrompido». Y es que no se trata de blindar, sino de actuar, practicar y tutelar lo que nos afecta con lealtad y ética; se trata de cumplir con los valores vitales del servicio público que debe ser transparente y permanente. La represión y los excesos legislativos suelen pretender el blindaje del que domina y saturar el horizonte de todos en un mar de letras pequeñas.
A mediados de marzo pasado, el Dr. Juan Carlos Martínez Montero, médico de Anatomía Patológica del Hospital Gregorio Marañón denunciaba públicamente que se estaban usando recursos públicos para realizar pruebas diagnósticas a clínicas privadas. Antes de hacerlo, según sus palabras, se lo había comentado a su superior que hizo la vista gorda. Según se ha ido averiguando esta práctica era un secreto a voces que nadie se había atrevido a desvelar hasta ese momento.
Lo que se desprende de las pruebas recabadas es que salpica a numerosas clínicas y a médicos que se encargaron de realizar citologías y biopsias, 
no sólo con los medios públicos, sino en sus tiempos de trabajo público. Las ganancias por dichas pruebas sólo fueron para los bolsillos privados de quienes participaron durante dieciséis años en tan enorme fraude. El Partido Popular lleva veinte años en la Comunidad de Madrid, donde ha tenido tiempo más que suficiente para resolver corrupciones, corruptelas y desviaciones por anverso y reverso del dinero que aportamos cada unas de los ciudadanos madrileños con nuestros impuestos.
La noticia del escándalo se trasladó al Ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, 
que no dudó en derivar la señal hacia la Consejería de Sanidad de la CM. Seguramente por indicaciones de la Consejería, el Hospital Gregorio Marañón creó una comisión dentro del hospital que, como viene siendo habitual, es una cortina de humo inútil para esclarecer hechos fraudulentos como los que parecen desprenderse de este caso. Según dijo en su momento CCOO, el Consejero de Sanidad, Javier Maldonado había sido alertado por ellos mismos ya en la primera reunión que mantuvieron tras su toma de posesión del cargo, no sólo de palabra, sino con documentación. Las aportaciones que le entregaron avalaban la posibilidad de este tráfico de pruebas especiales para la sanidad privada con dinero público; incluso le entregaron fotografías de pruebas de paciente que desvelaban que eran totalmente ajenos a dicho hospital.
Cuando se entregó dicho material documental, se pretendía esclarecer los hechos para erradicar el fra
ude y que la Consejería tomara cartas en el asunto de inmediato, pero acabó saltando a la voz pública, sin haber recibido ninguna respuesta. Ni Maldonado, ni nadie de su Departamento, hicieron nada, pero lo sabían de primera mano. Ante el escándalo, este Consejero de Sanidad, el tercer Javier en desgracia, parece que debió fomentar el inicio de una comisión de investigación que como es habitual no ha servido absolutamente para nada. El Hospital Gregorio Marañón se limitó a organizar dicha comisión colocando al frente al jefe medico para coordinarla; consistió en preguntar a los facultativos si estaban al corriente o habían participado de ella. No parece una buena práctica de control, de investigación ni de trasparencia el que sean los propios posibles sujetos interesados los que den forma al dictamen. Diecisiete personas del servicio de Anatomía Patológica negaron haber utilizado recursos públicos para realizar pruebas para clínicas privadas; en las que a su vez ellos mismos parecen que trabajaban.
La realidad es que, para que no salga nada a la luz, una vez más, se ha puesto al lobo a cuidar a las gallinas y esto hace mucho daño. Este tipo 
de prácticas forma parte del modelo imperativo para blindar el enriquecimiento ilícito y desregularizado y es señal de cómo se ha venido pertrechado la descomposición de una ética y una estética del servicio público de las que los políticos son los primeros responsables. Está claro que su irresponsabilidad no puede ser sinónimo de impunidad y que hay una necesidad imperiosa de esclarecer todo ello. CCOO ha llevado el caso a la Fiscalía. Después de cerrar en falso la comisión ésta ha enviado inspectores que están trabajando para esclarecer unos hechos que pueden ser la punta del iceberg de actividades punibles en otros hospitales y centros públicos, probablemente consentidas. ¿ Porqué ?
Esperamos la máxima claridad e información trasparente y exigimos una investigación profunda y extensa y la purga de todos los que han partici
pado en tan grave atentado a este bien público fundamental. Unas manzanas podridas, no pueden intoxicar al resto del árbol que queremos limpiar al máximo y fortalecer. Por ello, pedimos a los trabajadores de este Servicio Público fundamental se hagan eco de las perversiones para que entre todos y todas logremos poner punto final al desatino de un modelo que por ambición y especulación da pie a ello. Y como decía la cantante Joan Báez : “ Si no peleas para acabar con la corrupción y la podredumbre, acabarás formando parte de ella.”
Mesa en Defensa de la Sanidad Pública de Madrid , MEDSAP - Marea Blanca 