TRATADOS DE LIBRE COMERCIO » a gogó «; más peligros para una Sanidad Pública delicada

Hemos venido denunciando las amenazas del TTIP, Tratado de Libre Comercio e Inversión entre la Unión Europea y EEUU; el «modus operandi» del neoliberalismo que nos invade es la inmensa tela de araña que pretende inmovilizarnos para el resto de nuestras vidas. Así que denunciamos también el tratado de libre comercio de nombre TISA que atenta monograficamente contra los Servicios Públicos y el CETA, otro tratado en ciernes entre Canadá y la UE.

¿Que tienen todos en común ? La liberalizacion de todo cuanto tocan con el blindaje férreo de las Trasnacionales, esos entes supranacionales que se han hecho dueños de la Globalización; nuevo colonialismo que salta por los aires los Derechos Humanos y las garantías del Estado Democrático y de los Derechos.

Estos tratados lo que pretenden es que dichas Trasnacionales suplaten a los Estados y trasformen Democracia por un Imperialismo básicamente favorecedor de EEUU como el pueblo elegido del momento frente a países emergentes y China. Tienen en común, además, unos mecanismos especiales de arbitraje inversor – Estado, ISDS ó SCIE, que actúan cuando una multinacional se puede sentir amenazada por un Estado, por muy democrático y europeo que sea. Venimos denunciando este modelo porque es un atentado sin precedentes en Europa, que tiene antecedentes perversos en otros lugares del mundo.

Un modelo, que permite fortalecer aún más el espectro neoliberal, viene a quedarse si lo permitimos; algunos partidos que dicen representar a España en la UE, lo han apostillado con su voto en el Parlamento, cuando supone la máxima destrucción de la soberanía de los países y el mayor doblegamiento de su dignidad como pueblo; son un peligro para el futuro y la supervivencia de la democracia y sus derechos garantizados. Ese mecanismo de solución de controversias es lo que se está fraguando y que se consolidará con tribunales especiales privados, pagados por esas mismas e insaciables multinacionales; el campo de acción de dichos tribunales es incontestable porque sale fuera de todos los mecanismos legales y  sentencia a favor de sus clientes; ante cualquier duda que implique la pérdida de beneficios de una trasnacional frente a un Estado dará sin más la razón a la primera y a sus supuestos lucros cesantes u otros; así que pagaremos la ciudadanía en cualquiera de los casos. La gravedad de lo que suponen estos tratados de libre comercio y sus mecanismos de controversias, y sus tribunales privados a la carta, son un punto de no retorno para los Servicios Públicos y para la Sanidad Publica, desprotegidas en todos sus parámetros y con los que se ha venido preparando un plan de descapitalización muy claro como mecanismo de introducción y coartada para el modelo sanitario especulativo que está y avanza ya entre nosotros. Ése, enunciado en el Plan de Sostenibilidad –, R.D. 16/2012  terrible decretazo que nos convierte en asegurados y nos degrada de nuestra categoría ciudadana.

De lo que supone ese mecanismo de nombre ISDS ó SCIE, según idioma, os trasladamos  un documento de noviembre del 2014 sobre el CETA que fue elaborado por CEO, Corporate Europe Observatory ( Observatorio Corporativo Europeo) titulado : LA DEMOCRACIA EN VENTA. Cómo las normas de protección de los inversores en el AECG amenazan al interés público en Canadá y la EU:

RESUMEN

» El 26 de septiembre de 2014, Canadá y la Unión Europea (UE) anunciaron la conclusión de un ambicioso acuerdo de integración económica, el Acuerdo Económico y Comercial Global (AECG; CETA en inglés). El acuerdo incluye un mecanismo de solución de controversias entre inversores y Estados (SCIE) que podría desencadenar un auge de litigios de grandes empresas contra Canadá, la UE y Estados individuales de la UE, y que podría constituir una grave amenaza a las iniciativas de los Gobiernos para proteger a la ciudadanía y el medio ambiente.El mecanismo de SCIE concede a las grandes empresas extranjeras la potestad de demandar directamente a los países ante tribunales internacionales privados y exigirles una indemnización por adoptar salvaguardias en materia de salud, medio ambiente, finanzas u otras medidas internas que, en opinión de dichas empresas, socaven sus derechos. La resolución de estos litigios inversor-Estado depende de árbitros comerciales privados a los que se les paga por cada caso que examinan, y que muestran una clara tendencia a interpretar la ley en favor de los inversores.

El mecanismo de SCIE puede impedir que los Gobiernos actúen en el interés público, tanto de forma directa, cuando una gran empresa demanda a un Estado, como indirecta, al desincentivar que se adopten determinadas leyes por miedo a provocar una demanda. En todo el mundo, los inversores han impugnado leyes que protegen la salud pública, como leyes antitabaco, prohibiciones sobre el uso de productos tóxicos o de la explotación minera, normas que requieren que se realicen evaluaciones de impacto ambiental y otras leyes relacionadas con residuos peligrosos, medidas tributarias y políticas fiscales.

PRINCIPALES CONCLUSIONES

1.  La experiencia de Canadá con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) ilustra los peligros que entraña el arbitraje de inversiones. En el marco del TLCAN, Canadá ha sido demandado 35 veces,ha perdido o llegado a un acuerdo sobre seis demandas, y ha pagado un total de más de 171,5 millones de dólares canadienses a inversores extranjeros en concepto de daños. Las demandas de inversores que aún siguen en curso disputan un amplio abanico de medidas gubernamentales que supuestamente menoscaban el valor de las inversiones extranjeras: desde una moratoria sobre la fractura hidráulica (o fracking) y una revocación afín de los permisos de perforación a una decisión de los tribunales canadiensesde invalidar ciertas patentes farmacéuticas que no eran lo bastante innovadoras o útiles. Los inversores extranjeros están reclamando al Gobierno canadiense varios miles de millones de dólares por daños y prejuicios.  2.   Las protecciones garantizadas a los inversores con el AECG podrían otorgar a los inversores extranjeros aún más derechos que con el TLCAN, aumentando así el riesgo de que esos inversores utilicen el AECG para limitar futuras políticas de Gobiernos: a) Al proteger las “expectativas legítimas” de los inversores mediante lo que se conoce como cláusula del “trato justo y equitativo”, el AECG podría tipificar una interpretación muy amplia de esta cláusula, que crearía “el derecho” a un entorno normativo estable. Esto daría a los inversores un potente instrumento para luchar contra cualquier cambio normativo, incluso aunque este se adopte a la luz de nuevas evidencias u opciones democráticas. b) El AECG concedería a los inversores extranjeros más derechos para impugnar las normas financieras que el TLCAN, en que estos se limitaban principalmente al derecho (aún significativo) de los bancos de transferir libremente fondos y de estar protegidos frente a expropiaciones. EL AECG amplía estos derechos para incluir también conceptos tan abiertos a interpretación como el trato justo y equitativo, que amenaza con maniatar a los reguladores encargados de proteger a los consumidores y la estabilidad del sistema financiero en caso de emergencia.  3.    EL AECG incremetará notablemente el riesgo de que Canadá sea demandado por bancos, aseguradoras y sociedades financieras. Estos riesgos son evidentes, ya que los inversores especulativos, con la ayuda de los abogados especializados en inversiones, están utilizando cada vez más el arbitraje de inversiones para conseguir ganancias demandado a los Gobiernos que están atravesando crisis financieras. Los títulos de inversión de la UE en Canadá son significativos en el sector financiero y, con el AECG, estos conseguirían unos derechos de litigio de gran calado. 4.  El AECG incrementaría el riesgo de que la UE y sus Estados miembros sean demandados por inversores canadienses en los sectores de la minería y de la extracción de petróleo y gas. Los títulos de inversión canadienses en la UE son muy significativos en estos sectores, y algunas compañías mineras canadienses ya están involucradas en una serie de polémicos proyectos relacionados con recursos naturales en la UE. Los especialistas en minería ya están celebrando el AECG como un acuerdo “histórico”, que tendría “importantes repercusiones para la minería”. Las grandes empresas de petróleo, minería y gas de todo el mundo cada vez están recurriendo más al arbitraje de inversiones.  5.  Las filiales canadienses de multinacionales con sede en los Estados Unidos también podrán usar el AECG para demandar a Gobiernos europeos, incluso aunque la UE finalmente excluya o limite el mecanismo de SCIE en el acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés )

 

que se está negociando actualmente con los Estados Unidos. Esto es algo especialmente preocupante para los europeos, ya que la economía canadiense está dominada por grandes empresas estadounidenses. Las filiales con sede en la UE de empresas extranjeras también tendrían el mismo poder de impugnar las normas adoptadas en Canadá. 6. Las empresas de la UE, canadienses y estadounidenses ya se encuentran entre las principales usuarias del arbitraje de inversiones, por lo que existen motivos de sobra para esperar que utilizarán el AECG con el fin de limitar las medidasgubernamentales en Canadá y Europa. El 53 por ciento (o 299) de todas las controversias inversor-Estado conocidas en el mundo han sido iniciadas por inversores de la UE. Los inversores estadounidenses han presentado el 22 por ciento (o 127) de todos los casos inversor-Estado conocidos. Los inversores canadienses son los quintos usuarios más frecuentes del arbitraje de inversiones.  7. La oposición a las disposiciones inversor-Estado en el AECG está aumentando a ambos lados del Atlántico entre organizaciones de la sociedad civil, sindicatos e incluso Estados miembros de la UE. En respuesta a ello, la Comisión Europea y el Gobierno canadiense han puesto en marcha una engañosa campaña propagandística para intentar restar importancia a los peligros que plantea el arbitraje de inversiones y desviar la atención de los problemas de base del sistema centrándose en reformas superficiales. 8. Las “reformas” que han prometido introducir la Comisión Europea y el Gobierno canadiense para disipar las inquietudes sobre el mecanismo de SCIE no impedirán el abuso de este por parte de inversores y árbitros. Por el contrario, el AECG ampliará de manera significativa el alcance del arbitraje de inversiones, exponiendo a la UE, sus Estados miembros y Canadá a unos riesgos de responsabilidad jurídica impredecibles y sin precedentes.

No hay necesidad de crear un régimen jurídico especial para proteger a los inversores extranjeros, especialmente en jurisdicciones estables como la UE y Canadá. Las multinacionales de hoy en día se encuentran entre las más prósperas y sofisticadas del mundo, y disponen de capacidad para evaluar los posibles riesgos y la rentabilidad que cabe esperar en función de estos. Y en caso de que los riesgos sean demasiado grandes, esas multinacionales ya disponen de otras opciones, como los tribunales ordinarios, los seguros privados y los planes públicos de garantía de inversiones. El informe » La democracia en venta»  insta a los legisladores de Canadá y la UE a rechazar las disposiciones para la protección de inversiones en el AECG y en futuros tratados, como el polémico acuerdo de Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (ATCI; TTIP en inglés) entre la UE y los Estados Unidos, y el Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación Económica (TPP en inglés). «

Con este documento queremos que se valore con todo detalle lo que aparece detrás de las bambalinas políticas. Hay que pensar en global y trabajar en local; de ahí la lucha que mantenemos desde hace tres años en nuestra comunidad autónoma, totalmente ligada a los excesos de un modelo político que de forma interesada y antidemocrática decidió cambiar un sistema sanitario público que  había que proteger. Han propiciado con ello la especulación, la corrupción, injusticia, el malestar, la enfermedad, la muerte… No queremos apearnos del barco democrático que habñiamos empezado a construir; no vamos a ceder en nuestra defensa a ultranza de los derechos humanos que los tratados de libre comerció utilizan como productos especulativos, porque les van quedadndo pocas cosas y éstas son muy rentables y faciles. Por ello insistimos y os dejamos una reflexión de Abraham Lincoln (1809-1865),  décimo sexto Presidente de los EEUU que sabía que la mentira tiene recorrido corto.«Se puede engañar a parte del pueblo, parte del tiempo; pero no se puede engañar a todo el pueblo todo el tiempo».

Como no nos dejamos engañar; os hemos informado sobre la perfidia de la enorme tela de araña neoliberal, tejida a base de tratados de libre comercio entrecruzados para no dejar que nos movamos; y os alertamos también de otras muchas cosas propias de su trama,  procesos que nos indican la escasa convicción sobre lo que es y debe ser el Servicio Público de verdad; la Sanidad Pública genuina.  Nos han arrebatado más de lo que aún sabemos y más que nos robarán con ese peligroso proyecto que avanza: las Unidades de Gestión Clínica, que entendidas por algunos con buena o mala intención como formas de ordenamiento sanitario, adquieren forma especial mediante ley.

Video: CarlMelchor

Tenemos muy claro que las Unidades de Gestión Clínica no sirven para organizar mejor la gestión de la Sanidad Pública, ni pretenden mejorar nada; tenemos claro que para facilitar los numerosos desembarcos, en proceso, de lobbies de forma masiva en el ámbito sanitario público, a la espera de la puesta en marcha de estos peligrosos tratados, quieren facilitar el troceado de la gran pieza de la Sanidad Pública; lo que facilitará su venta indiscriminada a todo tipo de especuladores que se volverán contra nosotros como ciudadanos y como soberanos. La Sanidad Pública será un enorme reino de taifas de lo más variado en el que los usuarios seremos asegurados de primera, segunda o tercera categoría o ni siquiera lo seremos; un espacio no controlado desde las administraciones públicas sometidas a los Mercados; muchas de las cuáles se han prestado a un juego perverso contra los Derechos Humanos que ha puesto ya el acelerador a todo gas incluso prestándose a apoyar los Tratados de Libre Comercio en la instancia europea y sus medidas antidemocráticas y dañinas; sin preguntar a sus pueblos en España menos. Por ello volvemos a decir que: