MEDSAP – Marea Blanca contra sentencia Tribunal Constitucional sobre inconstitucionalidad del RD 16/2012


Nos hacemos eco del comunicado que la Plataforma de Inmigrantes – PIM integrada en MEDSAP -Marea Blanca himagesa emitido ante el Recurso de Inconstitucionalidad formulado por el Parlamento de Navarra contra varios preceptos del RDL 16/2012 del 20 de Abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Servicio Nacional de Salud – SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones; el Tribunal Constitucional (TC), en su Auto del 28-08-2016 sentencia: “Que la exclusión de los extranjeros sin permiso de residencia en España de la asistencia Sanitaria Pública gratuita, no vulnera el Artículo 43 de la Constitución”.

A ÉSTOS EFECTOS RECHAZAMOS :

 El calificativo de gratuita por cuanto veremos a continuación.

La excusa del gobierno para concebir dicho RDL y consentir un apartheid sanitario, al considerar que el Derecho a la Salud de los Inmigrantes era un supuesto “turismo sanitario” y que eran responsables de la crisis económica, sin considerar que el 37% del PBI eran por las aportaciones de los mismos, por tanto no sólo no perjudicaban a nadie, sino que contribuyen y beneficiaban a muchas personas.

Por cuanto recordamos al Tribunal Constitucional (TC), que su valoración supuestamente dolosa se ha sujetado sobre un erróneo análisis económico, que no corresponde a la realidad, a aportaciones ya que el SNS es financiado por los impuestos de todos las personas que consumen y residen en España trabajen o no, tengan permiso de residencia o no; en ningún caso la Sanidad Pública se nutre de cotizaciones por empleo. De la caja del Ministerio de Empleo y Seguridad Social : NO SE PAGA LA SANIDAD PÚBLICA, las cotizaciones a la Seguridad Social sólo se dedican a empleo, pensiones, pagos por accidentes o contingencias profesionales y por las contingencias comunes de las retenciones que aportan empleados y empresas.

Lo cierto es que el RD 16/2012 ,y lo que se desprende de esta sentencia y otros entramados jurídicos que afectan a aspectos sociales y sanitarios sólo sirven para generar mayor sufrimiento a los colectivos más vulnerables.

Por todo ello , RECLAMAMOS LA DEROGACIÓN del RDL 16/2012 que excluye del SNS a grupos de poblaciones más vulnerables y nos alineamos totalmente a las razones de estimación de los tres Magistrados que emitieron su voto particular.

En sus votos ,  FERNANDO VALDÉS DAL – RÉ y ADELA DE ASÚA BATARRITA,  DISCREPAN DE LOS ARGUMENTOS Y DEL FALLO de la sentencia y afirman que el recurso debió ser estimado por varias razones. La PRIMERA, por no cumplir los requisitos que el art. 86.1 Constitución Española (CE) exige al Ejecutivo para legislar por la vía de urgencia.

POR LOS DERECHOS

 

La SEGUNDA, porque las medidas aprobadas inciden en un ámbito que está vedado al decreto-ley, como es el derecho a la protección de la salud del art. 43 CE, lo que supone también una vulneración del art. 86.1 CE. Sobre este particular, afirman que la sentencia se aparta de la doctrina del Tribunal, según la cual el derecho a la protección de la salud queda “extramuros del núcleo de los derechos fundamentales” pero es instrumental del derecho a la vida y a la integridad física (art. 15 CE), por lo que no puede verse afectado por decreto- ley.

Y, POR ÚLTIMO, porque vulnera el derecho del art. 43 CE al excluir a los extranjeros sin permiso de residencia del derecho a la asistencia sanitaria pública y gratuita; repetimos este último calificativo aunque no lo sea por cuanto se dota con los impuestos que pagamos todos. En opinión de ambos magistrados discrepantes, la medida aprobada revierte un derecho social ya alcanzado, como es la universalización del sistema sanitario público, sin cuantificar el ahorro para las arcas públicas; por ello, se trata de una medida incoherente con la finalidad de preservar la sostenibilidad del SNS. Además, no tiene en cuenta que el colectivo afectado está “en riesgo de exclusión social” y que no podrá acceder a ningún tipo de asistencia sanitaria por su falta de recursos económicos.

El último argumento es compartido además por el magistrado, JUAN ANTONIO XIOL RÍOS, que se adhiere a los votos particulares de Valdés y Asúa en lo referido a la exclusión de los extranjeros y la consiguiente vulneración del art. 43 CE. Por otra parte, y considera que el Real Decreto impugnado no cumple los requisitos exigidos por la Constitución (art. 86.1) a la legislación de urgencia, razón por la que sostiene que el recurso debió ser estimado. En su opinión, no existe conexión de sentido entre los objetivos perseguidos por la reforma y las medidas aprobadas: las nuevas figuras de asegurado y beneficiario, afirma, tienen como única consecuencia la exclusión de los extranjeros sin permiso de residencia en España, pero no sirven para alcanzar la finalidad de la norma que, según su exposición de motivos y los argumentos expuestos en sede parlamentaria por la Ministra de Sanidad en aquel momento, Ana Mato, era corregir los problemas derivados del llamado “turismo sanitario” y evitar que el SNS asumiera el coste de la asistencia sanitaria a los ciudadanos comunitarios, extraña explicación puesto que ya la tienen cubierta en sus países de origen.

Con él estaban adelantando un modelo de aseguramiento impuesto y traído de fuera. Ya que a ello hemos de añadir la exclusión, que suele olvidarse, y que se practica también con todos esos españoles y españolas que tras tres meses fuera del país han perdido su derecho; en su inmensa mayoría porque las políticas practicadas de benevolencia permanente con empresas y capitales no han querido atacar temas tan sencillos como es la fiscalidad justa o la obligación de la inversión de beneficios escandalosos en generar empleo , en vez de pagar astronómicas cifras a los ejecutivos que finalmente las lanzan a paraísos fiscales. Y con la excusa económica del coste del Servicio Público marcan prioridades injustas y, según nuestro parecer, anticonstitucionales. Tampoco deben saber que los mayores de veintisiete años que carecen de empleo, un objetivo fallido de estas políticas, no están cubiertos por la tarjeta sanitaria familiar y acaban teniendo que gestionarse una tarjeta de sin recursos. Es decir el RD 16/2012 sigue insistiendo en meter a la fuerza el modelo de aseguramiento ajeno a nuestro modelo instaurado y con grandes avances.

TARJETAAÑADIREMOS TAMBIÉN que es una sentencia que empieza por olvidar incluso detalles del Preámbulo de la Constitución Española vigente y las razones que la hicieron posible: orden social justo, establecer una sociedad democrática avanzada. Es más en el art. 1, España se constituye en Estado social y democrático que propugna entre otros valores el de la igualdad.

Si a pesar de todo lo anterior, al Tribunal Constitucional le preocupara la situación económica sobre todas las personas y cosas, creemos que sería de interés que antes de atacar un derecho natural consolidado, mantenido y envidiado de una sanidad universal, hiciera alguna mención al artículo 128 dCUBIERTAS CONSTITUCIÓN2e la misma que dice con claridad que ” Toda la riqueza del país, en sus distintas formas y sea cual fuera su titularidad está subordinada al interés general “.

Y así podríamos ir comentando otros numerosos detalles que nos dan otra visión, tal y como se desprende de que haya tres magistrados con otro enfoque; consideramos que el texto constitucional ha de ser la enciclopedia para la sujetar lo que supone la soberanía del pueblo y la democracia que configuró, no para apuntalar políticas generadas por decreto a pesar de actuar con daño de extrema relevancia para la colectividad.

Esperamos que lleguen al Tribunal Constitucional estas certeras y clarísimas palabras del escritor Luis García Montero que fueron expresadas durante la 28 Marea Blanca; esperamos que les sirva de reflexión y sepa porqué visto desde la ciudadanía leyes y Constituciones creemos que siempre deben tener un objetivo para el bien humano que es la que verdaderamente sirve para que los pueblos avance; sino se encuentran, esas leyes y constituciones no nos valen, hay que cambiarlas o cambiar a los que no los encuentran

Video: Carlmelchor
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