La Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM) ha presentado una ampliación de su querella en contra de la privatización hospitalaria en Madrid a fin de que, antes de que prosiga el proceso de recepción de los hospitales, se tome declaración como imputada a la Viceconsejera de Sanidad, Patricia Flores Cerdán, por prevaricación y negociaciones prohibidas a funcionarios.
La AFEM que, a la vista de cómo va el proceso de adjudicación de los seis hospitales a privatizar, reclama al juzgado su suspensión cautelar de la firma y suscripción de los contratos administrativos al menos hasta que se aclaren los términos que el acto presuntamente prevaricador (disminución del importe de la fianza) pueda ser examinado desde el punto de vista jurídico tras la declaración de la querellada y no comporte efectos indeseados y letales para los ciudadanos y para la propia Administración.
Y es que el punto fundamental de la ampliación de la querella reside en la modificación que, cuatro días del plazo de la presentación de las ofertas y bajo la justificación de una corrección de errores, realizó Patricia Flores de los pliegos a fin de rebajar la fianza que, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, debían depositar los licitadores.
A juicio del querellante, ‘lejos de tratarse de una corrección de errores, como se presenta, en realidad constituye una resolución arbitraria que modifica a favor de las empresas licitadoras las condiciones del Pliego’.
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