¿ QUIÉN Y CÓMO SAQUEAN LA SANIDAD PÚBLICA QUE NOS PERTENECE ?


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Tras cinco años de aplicación de las políticas de austeridad, el conflicto entre los intereses de los lobbies económicos y las condiciones que garantizan la sostenibilidad de la vida, una vida digna, que merezca la pena ser vivida, se revela más intenso que nunca.

La UE y el FMI vuelven a amenazar con nuevos recortes que tienen el mismo objetivo que los anteriores. Destinar recursos públicos para pagar una deuda que no nos pertenece, una deuda pública que creció por el rescate a la banca, transformar su deuda privada en deuda pública, y por un sistema impositivo, poco equitativo y con poco poder recaudatorio, que beneficia a las grandes empresas.

Así, observamos cómo se redirigen los recursos públicos, desde ámbitos fundamentales para el bienestar de la población, como sanidad, educación, dependencia, promoción de la igualdad o servicios sociales, hacia el pago de la deuda pública y sus intereses, para el beneficio de los acreedores, que siguen siendo las mismas entidades financieras que iniciaron la crisis.

En el ámbito del estado español, tras cinco años de austeridad impuesta desde la UE y el FMI bajo gobiernos de PSOE y PP, la modificación del artículo 135 de la Constitución Española para dar prioridad absoluta al pago de los intereses de la deuda y leyes como la Ley de Estabilidad Presupuestaria o la ‘Ley Montoro’ de Administración Local, que socavan la autonomía de ayuntamientos y gobiernos autonómicos del estado español y atacan los derechos de la ciudadanía son algunas muestras de esta tendencia.

Es urgente hacer frente a ese atropello de los derechos más fundamentales y, para ello las auditorías ciudadanas de la deuda ofrecen una herramienta de empoderamiento ciudadano, que permite organizarnos contra el pago de una deuda ilegítima y volver a poner los recursos comunes al servicio de las necesidades de la población, de todos y todas.

La auditoría ciudadana de la deuda implica un empoderamiento ciudadano que conlleva familiarizarnos con conceptos como los de deuda ilegítima, ilegal, odiosa e, incluso, nuestras propias leyes, como es el caso del Reglamento del Parlamento Europeo, que prevé la realización de auditorías por parte de aquellos estados sometidos a programas de ajuste, y que podrán utilizar los gobiernos que apuesten por desobedecer a autoridades europeas o FMI, denunciar estos perversos mecanismos y argumentar el no pago de la deuda que se considere ilegítima.

En el caso la Comunidad de Madrid, con una deuda que ha pasado de 4.218 millones de € en el año 2000 a 27.645 millones de € a finales de 2015, es fundamental desarrollar auditorías ciudadanas de la sanidad madrileña que permitan entender y explicar las formas de privatización, tipificar las clases de fraude, investigar prácticas corruptas como señala el Informe del 2013 “Study on Corruption in the Healthcare Sector” de la Comisión Europea que las cifraba entre el 10% y el 25% del gasto de contratación pública para la provisión de tecnologías sanitarias y productos farmacéuticos lo que supone para el año 2015, en la Comunidad de Madrid, una cantidad entre los 49 y los 123 millones de €.

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Además, habría que auditar los acuerdos del gobierno del PP con Farmaindustria para garantizar incrementos del gasto farmacéutico. Sería importante abrir un debate entre la ciudadanía, los profesionales sanitarios y los pacientes para valorar en qué medida el uso de medicamentos de marca está beneficiando a una élite y generando una deuda ilegítima que, al final, la paga la ciudadanía. Analizar el modelo PFI, que en el Reino Unido, donde existe una dilatada experiencia, ya ha tenido numerosas críticas como el que resulte entre 7 y 8 veces más caro, o la generación de deuda ilegítima, como el del hospital de Collado Villalba. En este caso, la Consejería de Sanidad pagó a IDC Salud, ahora Quirónsalud, más de 20 millones de euros durante dos años, tiempo durante el que estuvo cerrado sin prestar ningún tipo de servicio a la ciudadanía. Así mismo, auditar el aumento progresivo de los servicios y prestaciones que se hacen con medios ajenos que han llegado al 17% de la inversión sanitaria pública.

Por supuesto, será necesario el apoyo de los gobiernos para que la voluntad ciudadana de identificar las deudas ilegítimas no sea un mero ejercicio democrático y concluya en una estrategia para acabar con el pago de las deudas ilegítimas y enjuiciar a los culpables.

Pero nada será posible sin que la ciudadanía, los movimientos sociales, abordemos la cuestión del rechazo al pago de la deuda ilegítima en el Estado español y no nos limitemos a pedir una simple reestructuración.

Conscientes de las barreras y la necesidad de continuar formándonos, si consideramos prioritario extender las auditorías ciudadanas al conjunto de movimientos contra los recortes, por los derechos sociales y la reversión de las privatizaciones, por tener un objetivo común, cómo no hacerlo en el caso del sector sanitario y los movimientos en defensa de la sanidad pública, a través de una participación activa de la ciudadanía, que permita estimar la deuda en sanidad e identificar la deuda ilegítima para declarar el no pago como entender y transformar la atención sanitaria a favor de una sanidad realmente pública en su propiedad, en su provisión y gestión de servicios; gratuita pagada con nuestros impuestos y sin «re-pagos»; universal sin exclusiones ni desigualdades y con un nivel de calidad, equidad y humanidad mucho mayores, que ha de estar al margen del dictado de los intereses privados y su prioritario objetivo de obtención del máximo lucro.

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